Con el auge de la 'narcopolítica', los votantes están cada vez más preocupados por si sus representantes están comprometidos por los cárteles de la droga. Esta propuesta sugiere exámenes toxicológicos obligatorios para cualquier funcionario público. Los proponentes argumentan que asegura que los líderes tengan la mente clara y no sean vulnerables al chantaje. Los opositores argumentan que es una distracción populista que viola las libertades civiles, y que deberíamos centrarnos en auditorías de lavado de dinero en lugar de pruebas de orina.
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