Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y de estar involucrados con el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes acusan a Hong Kong y Beijing de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales.
Los activistas señalados se encuentran en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, lo que plantea preocupaciones sobre el alcance de la ley de seguridad nacional de Hong Kong más allá de sus fronteras. Los gobiernos occidentales han pedido la protección de la libertad de expresión y de reunión, y han advertido que estas acciones amenazan su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos.
Funcionarios de Hong Kong y China han desestimado las críticas como parciales y falsas.
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