Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión bajo la ley de seguridad nacional. Muchos de los señalados están basados en países como el Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos, y están involucrados en grupos políticos en el extranjero como el 'Parlamento de Hong Kong' no oficial. La medida ha recibido fuertes condenas por parte de los gobiernos occidentales, especialmente el Reino Unido, que la calificó como un acto de represión transnacional y una amenaza a las normas legales internacionales. Funcionarios de Hong Kong y Beijing han desestimado las críticas como sesgadas y falsas. Las recompensas resaltan los esfuerzos crecientes de Hong Kong por perseguir a disidentes más allá de sus fronteras, generando preocupaciones sobre el alcance de su ley de seguridad nacional.
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