En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal más alto de las Naciones Unidas, declaró que todos los países están legalmente obligados bajo el derecho internacional a abordar el cambio climático. La corte afirmó que no frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente podría violar tratados internacionales y derechos humanos, abriendo la puerta para que los países afectados por el cambio climático busquen reparaciones de los principales contaminadores. Esta opinión histórica afirma que un ambiente saludable es un derecho humano y que los países ricos y de altas emisiones tienen una responsabilidad particular de actuar. Aunque la opinión consultiva de la CIJ no es legalmente vinculante, establece un precedente poderoso para futuras litigaciones climáticas y responsabilidad internacional. La decisión es ampliamente aclamada como un punto de inflexión para la justicia climática, señalando el fin de la impunidad para los países que no actúan ante la crisis climática.
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